IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 EN ESPAÑA: Efectos generados por la interrupción de la actividad económica
La restricción a la actividad económica que se ha hecho imperativa como resultado de la regulación aprobada para prevenir el avance del COVID-19 en España tiene un impacto importante en los resultados económicos del país. Utilizando la metodología Input-Output de análisis económico se ha realizado un ejercicio de estimación de su impacto económico que revela una caída del 7,1% del PIB español en 2020. A esta caída directa del PIB se le añaden las caídas de 6,4% por impacto indirecto (las relaciones intersectoriales entre los sectores económicos) y de 2,9% por impacto inducido (los efectos en el consumo por la disminución de las rentas que ocasiona la caída de la producción). Esto genera un impacto total en el PIB español de un 16,4%. Esta disminución de la actividad da lugar a una reducción de 2,7 millones de empleo a tiempo completo equivalente.
Los sectores más afectados, de manera directa, por las restricciones a la actividad son fundamentalmente “sectores de proximidad”: eventos deportivos, culturales y recreativos, alojamientos, viajes, transportes, servicios inmobiliarios, la venta y reparación de vehículos y personal doméstico. También tiene caídas relevantes la fabricación de vehículos, madera, plásticos, productos metálicos y el hierro y acero. Hay 3 sectores que ven incrementada su actividad: programación y consultoría informática, productos farmacéuticos y actividades sanitarias.
Las reducciones en la producción, causa de los efectos previos, pueden expresarse asimismo como reducciones en las rentas. Las rentas de los asalariados se reducen en 63.901 millones, las rentas de empresarios y rentas mixtas pierden 87.354 millones y el sector público ve minorado sus ingresos en 93.210 millones, por cotizaciones sociales, por IRPF y por impuestos a la producción.
Imaginen una empresa que por orden gubernamental cierra completamente sus puertas durante un mes (sin la regulación habría tenido una actividad normal). ¿Qué ocurre? La empresa deja de facturar o factura 0 ese mes. Los trabajadores de la empresa dejan de percibir sus salarios, la empresa su excedente (amortización del capital y beneficios) y el sector público reduce sus ingresos por los menores impuestos empresariales y los menores impuestos de la renta de los trabajadores. Esto es el impacto económico directo de la orden gubernamental. Durante ese mes, los proveedores de la empresa tampoco cobran lo que solían proveer a la empresa, sean bienes o servicios. Esto es el impacto indirecto de la orden gubernamental. Y puesto que las rentas de los trabajadores y empresarios de la empresa en cuestión y de las empresas proveedoras se han reducido, el gasto en consumo e inversión también decrece. Esto, es el impacto inducido. Ahora, aumenten el foco hasta múltiples empresas (por ejemplo, 3 millones), múltiples trabajadores (por ejemplo, 20 millones). Empresas y trabajadores distribuidos en, por ejemplo, 64 sectores económicos que incluyen desde la agricultura y las industrias extractivas hasta todas las manufacturas y todos los servicios. Todos estos sectores se interrelacionan unos con otros, todos son proveedores de todos y todos son demandantes de todos. Introduzcan una sola identidad: recursos = usos. Los recursos de un sector, esto es lo que un sector produce con las aportaciones de los proveedores, del trabajo y del capital es igual a los usos o al empleo de sus productos: los que requieren otros sectores, más lo que requieren el consumo, la inversión y las exportaciones de sus productos. La información previa se plasma en una tabla de insumos y productos (input-output) para 64 sectores de actividad económica que cumplen la regla recursos = usos. Y que periódicamente publican los institutos oficiales de estadística, el INE en el caso español. Con una tabla según lo descrito, con información de la economía española desagregada en 64 sectores y actualizada lo más posible, según los datos de la contabilidad nacional del INE, ejecutamos este ejercicio.
El ejercicio que se realiza no considera (por tanto, no hipotetiza) ningún cambio en los parámetros de funcionamiento de la economía española. Las funciones (ecuaciones) de producción, de consumo, de inversión y de exportación-importación no han variado. Tampoco ha variado la productividad, la relación de intercambio, los precios relativos, el tipo de cambio del euro o los tipos de interés. La pandemia ha producido y esto es un hecho, una parálisis de la actividad económica. El distanciamiento social, según los expertos epidemiológicos, es una medida necesaria para el control del virus (a medida que el conocimiento del virus se amplía, las medidas de confinamiento con una u otra intensidad se aplican en todos los países) pero no suficiente (se requieren test para calibrar los infectados asintomáticos, conocer con detalle la trazabilidad y finalmente obtener retrovirales, otros medicamentos y una vacuna). Este distanciamiento social reduce o anula la actividad económica. Pero no en todos los sectores económicos por igual. De ahí la necesidad de contar con información sectorizada para trasladar el hecho del distanciamiento social (en el caso español por regulación gubernamental) a actividad económica. Y ponderar las reducciones de actividad económica sectorial según las indicaciones reguladoras.
El impacto económico completo del coronavirus no termina con las reducciones ponderadas de actividad de los sectores económicos españoles debidas al confinamiento – lo aquí computado-. A medida que se levanten las medidas restrictivas a la actividad, la producción económica volverá a tener (supuesta la efectividad de las medidas) la misma capacidad que tenía previo al confinamiento. Pero para recuperar las facturaciones que habría tenido sin coronavirus se necesita una recuperación del consumo que mantenga la senda previa al virus y lo mismo con la inversión y las exportaciones. Los sectores que podríamos llamar de proximidad, los que requieren de “cercanía social”, como espectáculos, viajes, alojamientos, compras en grandes superficies, etc. retraerán el consumo por miedo al contagio. Los sectores industriales necesitarán que las cadenas de valor se recompongan. Los sectores exportadores dependen de la recuperación de la demanda de los países demandantes de sus productos (sobre todo de la UE, pero no sólo). Ahora no contamos con un solo dato que aproxime esas reducciones de la demanda. En el momento que tengamos algún dato oficial que permita aproximar las reducciones sectoriales de demanda post-confinamiento, completaremos el ejercicio.
El impacto completo del virus en la economía española, por tanto, será la suma del impacto por las medidas restrictivas de la actividad -que aquí se presentan-, más el impacto de: la recomposición de las cadenas de valor, i.e. importaciones, la recuperación de las rentas de los países que nos compran (bienes y servicios) y la reducción de demanda de los sectores de “proximidad” (en lo anterior está incluida la disminución de turistas y gasto extranjero, recuérdese que el turismo es una actividad que afecta a múltiples sectores económicos como se puede apreciar en las cuentas satélite del turismo del INE).
Dicho esto, se puede afirmar que la recuperación no puede ser en V. Esto sólo sería posible si el levantamiento de las restricciones fuera “todo a la vez” y la recuperación de la demanda también fuera inmediata. Ninguna de las dos acciones es real. La caída es drástica; la senda (la pendiente) de la recuperación dependerá de los factores antedichos y la inclinación, mayor o menor de la pendiente, de las medidas que se adopten.
Una vez tengamos el ejercicio de impacto económico completo, será necesario añadir el ejercicio del impacto económico de las medidas adoptadas por el gobierno. No es este el momento en el que se pueda hacer un ejercicio riguroso, se necesita una cierta estabilidad de las mismas para proceder a la estimación del impacto. No obstante, podemos hacer algunas valoraciones al respecto:
Puesto que la crisis por la epidemia tiene 2 fases económicas claras: la caída de la actividad y la recomposición de la demanda, las medidas debieran responder a los tiempos que marcan las dos fases. En la primera, lo importante es el mantenimiento (lo más posible, lo más rápido y lo más flexible) de los ingresos desaparecidos. En la segunda, puesto que la demanda privada y externa se retraerán, será el momento para que el sector público (español, europeo o ambos) estimule la demanda agregada. (piénsese que si la actividad económica está cuasi-cerrada, cualquier plan público de demanda sería sencillamente inoperativo).
En la primera fase, es lógico y un principio de buena economía que el gobierno (el español y los del resto de países afectados por este virus) pretenda “minimizar las pérdidas de rentas de todos los agentes económicos”. Como se ha advertido los asalariados (los empleados en general), los empresarios y el sector público pierden ingresos. Se tendrá que conjugar la compensación de las pérdidas con la capacidad de financiación para ello. Al final irremediablemente habrá ganadores y perdedores, pero las pérdidas no deberían implicar que no se alcance la segunda fase.
En la segunda fase, los planes del sector público para completar la demanda agregada deberían pensarse y ejecutarse con un horizonte-objetivo claro. Por ejemplo: conseguir que el crecimiento del PIB 2020 respecto a 2019 sea lo más próximo a 0.
Uno de los padres de la política económica afirmaba hace ya mucho que si se tiene un problema (o un objetivo) debería utilizarse un solo instrumento. Aplicado a la crisis actual sería: dinero en la primera fase, gasto público en la segunda (la existencia de mediaciones institucionales, legales y políticas limitan y complejizan las políticas reales, pero conviene tener claro “lo óptimo” para evaluar “lo ejecutado”. Estas dificultades operativas dilatan también el momento adecuado para calibrar el impacto económico).
El ejercicio, que se presenta a continuación, muestra que los efectos económicos de la parálisis provocado por el confinamiento son sectorialmente diferentes. Por ello, el enfoque sectorial (que no quiere decir diferentes instrumentos) en la ejecución de las medidas es obligado. (Proponer políticas sectoriales no es “ortodoxia económica”, aunque los gobiernos lo hacen reiteradamente. El argumento de que los gobiernos no deben -porque lo hacen mal- seleccionar “ganadores” o “perdedores”, no ha obstaculizado que gobiernos de todo signo ejecuten continuamente políticas sectoriales más o menos encubiertas. En el caso que nos ocupa del coronavirus, los enfoques agregados están, por definición, totalmente alejados de la realidad y la negación del enfoque sectorial para ejecutar medidas económicas es totalmente errónea).
Debe quedar claro que las pérdidas a minimizar son las que indican los impactos directos de la pandemia. De momento, en esta primera fase de parálisis de la actividad por regulación, las pérdidas a minimizar totalizan 77.086 millones de euros. Supongamos que se compensa -vía el milagro de los panes y los peces, para simplificar- el 100% de la caída de rentas de asalariados y empresarios, esto es de todos los agentes económicos. Esa compensación permitirá que la Hacienda obtenga los ingresos perdidos y la compensación -convertida en flujo dinerario- pondrá en marcha los multiplicadores para los efectos indirectos e inducidos.
Se han propuesto y se están empezando a ejecutar múltiples medidas en todos los países (véase la página web del FMI: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 , en dónde se detallan por país) y también hay simulaciones sobre los efectos de distintas medidas, pero en todas ellas falta la foto final: ¿cómo quedan las pérdidas acaecidas según los distintos agentes y los distintos sectores? Esto es, la distribución final de las pérdidas por agente y por sector. El ejercicio que haremos, en su momento, intentará, para el caso español, no hacer caso omiso de esta distribución.